CASTILLOS EN EL AIRE: INFORMACIÓN, DESINFORMACIÓN Y CONFRONTACIÓN

Escribe Adrian Elliot

El nacionalismo es por su propia naturaleza ciego y cuando los medios ciegan a sus lectores a la realidad vista a través de otra óptica que no sea la suya propia, corren el riesgo de conducir la opinión pública hacia posiciones que dificulten el entendimiento con los ciudadanos de otros países, incluso cuando estos son sus tradicionales aliados.


Esta es una realidad contrastable en cualquier época, sin embargo, genera aún más peligro cuando en gran parte del mundo, y en Europa más que en ningún otro sitio, el desarrollo económico entra en un proceso de declive y los ciudadanos y políticos empiezan a buscar donde sea culpables que no sean ellos mismos.

El fenómeno no tiene fronteras nacionales ni continentales. Después de que en el año 2006 el Grupo Ferrovial se hiciera con el control de casi todos los aeropuertos británicos, hubo que esperar pocos meses hasta que los ciudadanos, impulsados por el amarillismo de algunos medios de comunicación, empezaran a culpar a una empresa española por todos los problemas del transporte y de la falta de inversión en infraestructuras, una situación que en realidad tenía su origen en los recortes de Margaret Thatcher. La empresa tuvo que pagar una multa por no dar la vuelta a la situación con suficiente rapidez, factor que dificultó aún más mantener las inversiones. Y finalmente, la compañía de Rafael del Pino fue obligada a vender su participación en el aeropuerto de Gatwick, el segundo más grande del país, con tal de facilitar la competencia, y por consiguiente, la mejora de la calidad del servicio. Para el Gobierno laborista de entonces, resultó conveniente trasladar a una empresa privada el coste, y sobre todo la culpa de sus errores en el proceso de venta y del estado dilapidado en el que las instalaciones fueran vendidas, para así ahorrarse la furia de los usuarios.

Pero hoy toca escribir sobre un caso más extremo después de que, la semana pasada, el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, haya vivido en sus propias carnes, y con las formas peronistas en su estado más crudo, la expropiación del 51% de la petrolera argentina, YPF. Según informó el diario, El Mundo, la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expulsar a los directores españoles violó la constitución del país al producirse sin que el Gobierno hubiera compensado previamente a la empresa afectada. Ni siquiera había llegado a tanto Hugo Chávez cuando se hizo con la filial venezolana del Santander.

Las formas peronistas de hacer política -siempre en clave interna, de cara a la galería, con visión sólo a corto plazo, y sin fijarse en el impacto que pueden tener para la imagen del país o las inversiones futuras- siguen produciendo asombro en el resto del planeta. La Nación anunció con rotundidad en su portada del 17 de abril, “Argentina dio un portazo al mundo”, y desde la óptica de medios como el Financial Times, el New York Times, The Economist y por supuesto, el conjunto de medios españoles, no parecía posible llegar a otra conclusión.  De todas formas, en estos tiempos de comunicación instantánea y multidireccional, por un lado están los medios, con sus diversas afinidades e intereses, y por otro está la opinión expresada por el ciudadano de a pie. Y en este caso la falta de información contrastada conduce a situaciones cuando menos extrañas.

Cada país tiene su izquierda y su derecha, sin embargo, en un mundo globalizado no se han globalizado las ideologías, de manera que una política que para un español parezca de izquierdas, para un argentino, un venezolano o un brasileño, puede parecer todo lo contrario. El reflejo de una parte de la izquierda española, incluso los de Izquierda Unida, ha sido criticar la reacción del Gobierno al proyecto de Fernández, afirmar que los accionistas españoles de Repsol están en minoría, e insistir que los argentinos están en su derecho de defender su soberanía energética nacional. En cambio, para muchos argentinos, tanto de izquierdas como de derechas, la imagen de la Presidenta realizando el anuncio ante una audiencia exclusivamente afín y rodeada de una imaginaría nacionalista, retrato de Evita incluida, habrá resultado absolutamente bochornosa. Para ellos, las decisiones de la Presidenta no tienen nada de social y sí mucho de populismo, y de priorizar el interés propio y el de sus amigos por encima del de los ciudadanos.

No es el propósito de esta entrada llegar a un juicio de valor sobre la decisión de nacionalizar la industria energética argentina. Las razones son de tal complejidad que requeriría un análisis mucho más profundo. Sí me ocupa, en cambio, la forma con la que los medios explican los sucesos a sus audiencias y lectores en sus respectivos países. El diario, La Nación, siempre muy crítica con el oficialismo, en su edición del 17 de abril, atacó de manera fulminante la decisión con una serie de artículos que con la meticulosidad de un letrado que disecciona el proyecto del Gobierno, explica los riesgos que puede acarrear para la economía, se pregunta de qué forma se van a poder explotar los nuevos recursos de hidrocarburos sin contar con inversores extranjeros, cuestiona la sinceridad de Fernández quien, según informa, había votado a favor de la privatización de YPF en el año 1992, y enumera otros ejemplos de estatizaciones supuestamente fracasadas durante los mandatos de los Kirchner.

Página 12, por su parte -un medio oficialista que en época de Carlos Menem se ganó mucho prestigio por su independencia pero cuyos periodistas ahora se encuentran ante la necesidad de justificar unas políticas que, aunque sea sólo por las formas, son casi imposibles de defender de forma coherente con la información que tenemos entre manos- nos presenta un mosaico de informaciones inconexas que intentan presentar la noticia como un conflicto entre buenos y malos, con un trasfondo de recelo por el pasado colonialista. Después de relatar la tramitación de la ley desde un punto de vista político, incluye titulares del tipo, “Finalmente, llegó el día”, “De la especulación al interés público”, “La expropiación desató la furia española”, o simplemente, “Lo que nos pertenece”. No ofrece respuestas a las críticas formuladas en otros medios sino una visión parcial, escrita desde una óptica completamente opuesta e irreconciliable. Una perspectiva cerrada que no obedece a ideologías sino a intereses, y no hace ningún favor a la inteligencia de sus lectores.

Mientras tanto, en España, la posición de los medios, con alguna excepción -por ejemplo, está el caso de Público- es unánime. Argentina se ha enfrentado a España y espera las represalias. El tono también es nacionalista y de defensa a las empresas españolas inversoras en Argentina. Hasta la primera cadena pública se vio obligada a reprogramar una edición de la popular serie, Españoles en el Mundo, para no desatar la ira de quien cree que ante la decisión de la Kirchner, lo primero tendríamos que hacer es deportar a Lionel Messi.

A nivel tanto nacional como global, el análisis frío de la realidad ha abierto paso a un nuevo escenario que se asemeja más a una guerra de trincheras. Los enunciados ya no parten de datos objetivos y contrastados sino se construyen como castillos en el aire diseñados exclusivamente para reforzar los prejuicios del receptor. A este ritmo, difícilmente se mejorará el entendimiento entre sociedades y culturas. Además, podemos estar seguros de que cada vez que surja una crisis de estas características será más dura. El extraño caso del peronismo puede ser una situación extrema pero la lógica de la nueva estructura de la información sólo sirve para inflarle los pulmones.

Adrian Elliot (España) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director de Cuentas de Grayling España.