Escribe Adrian Elliot
El nacionalismo es por su propia naturaleza
ciego y cuando los medios ciegan a sus lectores a la realidad vista a través de
otra óptica que no sea la suya propia, corren el riesgo de conducir la opinión
pública hacia posiciones que dificulten el entendimiento con los ciudadanos de
otros países, incluso cuando estos son sus tradicionales aliados.
Esta es una realidad contrastable en cualquier época, sin embargo, genera aún más peligro cuando en gran parte del mundo, y en Europa más que en ningún otro sitio, el desarrollo económico entra en un proceso de declive y los ciudadanos y políticos empiezan a buscar donde sea culpables que no sean ellos mismos.
Esta es una realidad contrastable en cualquier época, sin embargo, genera aún más peligro cuando en gran parte del mundo, y en Europa más que en ningún otro sitio, el desarrollo económico entra en un proceso de declive y los ciudadanos y políticos empiezan a buscar donde sea culpables que no sean ellos mismos.
El fenómeno no tiene fronteras nacionales ni
continentales. Después de que en el año 2006 el Grupo Ferrovial se hiciera con
el control de casi todos los aeropuertos británicos, hubo que esperar pocos
meses hasta que los ciudadanos, impulsados por el amarillismo de algunos medios
de comunicación, empezaran a culpar a una empresa española por todos los
problemas del transporte y de la falta de inversión en infraestructuras, una
situación que en realidad tenía su origen en los recortes de Margaret Thatcher.
La empresa tuvo que pagar una multa por no dar la vuelta a la situación con
suficiente rapidez, factor que dificultó aún más mantener las inversiones. Y
finalmente, la compañía de Rafael del Pino fue obligada a vender su
participación en el aeropuerto de Gatwick, el segundo más grande del país, con
tal de facilitar la competencia, y por consiguiente, la mejora de la calidad
del servicio. Para el Gobierno laborista de entonces, resultó conveniente
trasladar a una empresa privada el coste, y sobre todo la culpa de sus errores
en el proceso de venta y del estado dilapidado en el que las instalaciones
fueran vendidas, para así ahorrarse la furia de los usuarios.
Pero hoy toca escribir sobre un caso más
extremo después de que, la semana pasada, el Presidente de Repsol, Antonio
Brufau, haya vivido en sus propias carnes, y con las formas peronistas en su
estado más crudo, la expropiación del 51% de la petrolera argentina, YPF. Según
informó el diario, El Mundo, la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner de expulsar a los directores españoles violó la constitución
del país al producirse sin que el Gobierno hubiera compensado
previamente a la empresa afectada. Ni siquiera había llegado a tanto Hugo
Chávez cuando se hizo con la filial venezolana del Santander.
Las formas peronistas de hacer política
-siempre en clave interna, de cara a la galería, con visión sólo a corto plazo,
y sin fijarse en el impacto que pueden tener para la imagen del país o las
inversiones futuras- siguen produciendo asombro en el resto del planeta. La Nación anunció con
rotundidad en su portada del 17 de abril, “Argentina
dio un portazo al mundo”, y desde la óptica de medios como el Financial
Times, el New
York Times, The
Economist y por supuesto, el conjunto de medios españoles, no
parecía posible llegar a otra conclusión.
De todas formas, en estos tiempos de comunicación instantánea y
multidireccional, por un lado están los medios, con sus diversas afinidades e
intereses, y por otro está la opinión expresada por el ciudadano de a pie. Y en
este caso la falta de información contrastada conduce a situaciones cuando
menos extrañas.
Cada país tiene su izquierda y su derecha,
sin embargo, en un mundo globalizado no se han globalizado las ideologías, de
manera que una política que para un español parezca de izquierdas, para un
argentino, un venezolano o un brasileño, puede parecer todo lo contrario. El
reflejo de una parte de la izquierda española, incluso los de Izquierda Unida,
ha sido criticar la reacción del Gobierno al proyecto de Fernández, afirmar que
los accionistas españoles de Repsol están en minoría, e insistir que los argentinos
están en su derecho de defender su soberanía energética nacional. En cambio,
para muchos argentinos, tanto de izquierdas como de derechas, la imagen de la Presidenta realizando
el anuncio ante una audiencia exclusivamente afín y rodeada de una imaginaría
nacionalista, retrato de Evita incluida, habrá resultado absolutamente
bochornosa. Para ellos, las decisiones de la Presidenta no tienen
nada de social y sí mucho de populismo, y de priorizar el interés propio y el
de sus amigos por encima del de los ciudadanos.
No es el propósito de esta entrada llegar a
un juicio de valor sobre la decisión de nacionalizar la industria energética
argentina. Las razones son de tal complejidad que requeriría un análisis mucho
más profundo. Sí me ocupa, en cambio, la forma con la que los medios explican
los sucesos a sus audiencias y lectores en sus respectivos países. El diario, La Nación,
siempre muy crítica con el oficialismo, en su edición del 17 de abril, atacó de
manera fulminante la decisión con una serie de artículos que con la
meticulosidad de un letrado que disecciona el proyecto del Gobierno, explica
los riesgos que puede acarrear para la economía, se pregunta de qué forma se
van a poder explotar los nuevos recursos de hidrocarburos sin contar con
inversores extranjeros, cuestiona la sinceridad de Fernández quien, según
informa, había votado a favor de la privatización de YPF en el año 1992, y
enumera otros ejemplos de estatizaciones supuestamente fracasadas durante los mandatos
de los Kirchner.
Página
12,
por su parte -un medio oficialista que en época de Carlos Menem se ganó mucho
prestigio por su independencia pero cuyos periodistas ahora se encuentran ante
la necesidad de justificar unas políticas que, aunque sea sólo por las formas,
son casi imposibles de defender de forma coherente con la información que
tenemos entre manos- nos presenta un mosaico de informaciones inconexas que
intentan presentar la noticia como un conflicto entre buenos y malos, con un
trasfondo de recelo por el pasado colonialista. Después de relatar la
tramitación de la ley desde un punto de vista político, incluye titulares del
tipo, “Finalmente, llegó el día”, “De la especulación al interés público”,
“La expropiación desató la furia
española”, o simplemente, “Lo que nos
pertenece”. No ofrece respuestas a las críticas formuladas en otros medios
sino una visión parcial, escrita desde una óptica completamente opuesta e
irreconciliable. Una perspectiva cerrada que no obedece a ideologías sino a
intereses, y no hace ningún favor a la inteligencia de sus lectores.
Mientras tanto, en España, la posición de los
medios, con alguna excepción -por ejemplo, está el caso de Público- es unánime.
Argentina se ha enfrentado a España y espera las represalias. El tono también
es nacionalista y de defensa a las empresas españolas inversoras en Argentina.
Hasta la primera cadena pública se vio obligada a reprogramar una edición de la
popular serie, Españoles
en el Mundo, para no desatar la ira de quien cree que
ante la decisión de la
Kirchner, lo primero tendríamos que hacer es deportar a
Lionel Messi.
A nivel tanto nacional como global, el
análisis frío de la realidad ha abierto paso a un nuevo escenario que se
asemeja más a una guerra de trincheras. Los enunciados ya no parten de datos
objetivos y contrastados sino se construyen como castillos en el aire diseñados
exclusivamente para reforzar los prejuicios del receptor. A este ritmo,
difícilmente se mejorará el entendimiento entre sociedades y culturas. Además,
podemos estar seguros de que cada vez que surja una crisis de estas
características será más dura. El extraño caso del peronismo puede ser una
situación extrema pero la lógica de la nueva estructura de la información sólo
sirve para inflarle los pulmones.
Adrian Elliot (España) es egresado del Máster en Comunicación Periodística,
Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director de Cuentas de Grayling España.
