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viernes, 10 de octubre de 2014

LA IMPUNIDAD EN EL CASO AYOTZINAPA


Escribe Dianeth Pérez

El 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. La noticia no ha alcanzado un sitio en los medios de los Países Bajos. Una de las peores masacres en México, efectuada por narcos, militares y policías, que para el caso es lo mismo en México.

Detalles sobre varias fosas clandestinas, fuertemente resguardadas de la mirada de la prensa nacional e internacional, horrorizan: cuerpos carbonizados, puestos sobre madera y paja, en varias capas. Algún testigo ha dicho que al parecer los quemaron vivos.
Según información del Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, algunos de los estudiantes desaparecidos fueron entregados por la policía municipal a los sicarios de “Guerreros Unidos”, un cártel separado de los Beltrán Leyva.

Secreto a voces era la impunidad y el descaro con la que operaba el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo de la justicia. Pidió licencia para separarse de su cargo el 30 de septiembre, cuando vio que su detención por la matanza de estudiantes era inminente. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, es hermana de miembros de la organización criminal “Guerreros Unidos”, y estaba decidida a suceder a su marido en la Presidencia Municipal.

Abarca fue señalado como responsable por la muerte de Arturo Hernández Cardona en junio del 2013. El líder social le dijo a la esposa del alcalde en una sesión de Cabildo que su marido tenía nexos con el narco. 

Ahora aparecen mantas que acusan a Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, de tener también nexos con el crimen organizado, quien lo niega. Días después de la matanza en Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto por fin se pronunció sobre los hechos, respondiendo con el típico discurso de “caiga quien caiga”, presionado por la condena internacional más que por su deber.

Hay 22 policías municipales detenidos por su participación en los asesinatos de los estudiantes. Estaban en la nómina del narco, y fue gracias a la confesión de uno de ellos, que se ubicó una de las fosas con 28 cadáveres.

Uno de los alumnos que lograron escapar, narró a los medios como encontraron a uno de sus compañeros, apodado “el chilango”, al que descubrieron sin vida, con la piel de la cara arrancada y sin ojos. Otros cuentan como nadie se detenía para ayudarlos, cuando cargaban a estudiantes heridos de bala.

En varias capitales europeas se han hecho marchas para exigir al gobierno mexicano justicia en el caso Ayotzinapa, como ya se han hecho en varias ciudades mexicanas. Ya se prepara la de Holanda. No dejemos pasar una injusticia más; no nos acostumbremos a este tipo de hechos; no perdamos la capacidad de asombro ni de indignación. Eso demostraremos los mexicanos en Holanda en unos días, frente a la embajada de México en los Países Bajos.


Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.  

miércoles, 16 de julio de 2014

SALARIOS

 Escribe Dianeth Pérez

En los Países Bajos existe la llamada “norma Balkenende”. El nombre viene del apellido del ex Ministro Presidente Jan Pieter Balkenende (2002 – 2010), y aunque desde 2006 era un instrumento “voluntario”, se hizo ley el 2013. Esta norma consiste en que ningún administrador público debe tener más ingresos que el 130 por ciento del salario del presidente.

La norma nació como resultado de crecientes protestas por los altos salarios y las jugosas indemnizaciones por despido de ciertos funcionarios. El 2013 el tope de ingresos por año fue de 228 mil 599 euros (poco más de 4 millones de pesos, igual a 333 mil 900 pesos por mes).
Recientemente, administradores de organismos de vivienda se han visto involucrados en escándalos por llevar a la quiebra a sus entidades y a cambio, llevarse bonos de cientos de miles de euros, pactados desde la firma de su contrato.

Desde hace un mes se afina la ley que entrará en vigor el año próximo para limitar también los bonos en bancos y aseguradoras. Éstos no podrán exceder del 20 por ciento del salario anual total. Una propuesta muy bien respaldada por la sociedad, pues mientras el gobierno rescataba a los bancos no hace mucho, los bonos seguían otorgándose. Los salarios de los banqueros subieron 5.8 por ciento en el 2013, mientras que el ingreso de los trabajadores holandeses aumentó solo 2 por ciento.

En otro caso, una organización que posee edificios de vivienda social (Vestia), que perdió billones de euros apostando en derivados financieros de riesgo, “premió” a su director con un bono de 3 millones y medio de euros tras su renuncia.

El gobierno enfrenta ahora una lucha contra la cultura de los bonos, tomando en cuenta que apenas ahora el país se empieza a recuperar de la crisis del 2008. Además los subsidios y ayudas sociales se han recortado, al igual que las pensiones.

Algo que llama la atención en Países Bajos es su afán por minimizar las diferencias sociales. En barrios ricos siempre hay viviendas destinadas a familias o personas de escasos recursos, para no crear guetos. Las escuelas privadas son contadas y la práctica privada de la medicina, no existe.

A los holandeses les asombra el contraste social y la desigualdad en México: los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Mientras tanto los salarios del presidente, altos funcionarios, ministros, magistrados y políticos son un insulto en un país donde el 40 por ciento viven en la pobreza y tienen muy pocas posibilidades de salir de ella.

Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.