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lunes, 28 de enero de 2013

OBAMA, LAS ARMAS Y CENTROAMÉRICA

Escribe Deylin Gutiérrez

No sabemos si llegarán a buen puerto, pero la ofensiva contra las armas que lanzara recientemente el presidente Obama beneficiará de alguna manera a la seguridad de México y Centroamérica. Las autoridades de la región se han quejado de que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no tendría sentido mientras los Estados Unidos no pusiera de su parte en el tema. Y en eso llevaban razón.


Sostienen que no es posible que en la batalla contra la delincuencia organizada, la región ponga los muertos y que los Estados Unidos -que es el último eslabón de la cadena sangrienta- solamente hagan declaraciones de buenas intenciones para atajar el problema.

Sobre todo cuando el mismo Obama reconocía públicamente que el 90 por ciento de las armas que obtienen los criminales mexicanos -y que luego se han trasladado a Centroamérica- provienen de los Estados Unidos.

La causa de la inseguridad de la región la tienen en parte las armas. Las legales y las ilegales. Las que entran y salen sin ningún control, y que en alguna ocasión fueron introducidas por el mismo gobierno de los Estados Unidos, como es el caso Fast and Furious en el que miles de armas entraron de manera ilegal en México.

Un estudio sobre la delincuencia organizada en Centroamérica y el Caribe elaborado por la Naciones Unidas en  septiembre del 2012 refiere que el 77 por ciento de los homicidios ocurridos en la región se producen con armas de fuego y que detener el flujo de armas hacia los criminales debería ser una prioridad para las autoridades. 

La mayoría de armas que hay en la región han sido compradas legalmente en los Estados Unidos. Aunque algunas fueron traficadas, muchas de éstas son importadas con sus documentos en regla y sólo más tarde son desviadas al uso ilícito.  

En general los rifles de asalto, no son los que más se utilizan en la delincuencia urbana. Sí lo son las pistolas, por ser más fáciles de ocultar, más fáciles de usar a corta distancia y más efectivas para casi todas las tareas de los criminales.  


El informe de la ONU calcula que en Centroamérica hay unos 2.2 millones de armas de fuego registradas,  de las cuales 870 mil están en manos de las fuerzas de seguridad y 1.4 millones están registradas por civiles. Además estima que hay unos 2.8 millones de armas que no están controladas.

En Centroamérica no habría necesidad de traficar armas, si tomamos en cuenta que ya están aquí. Son en muchos casos, una herencia de la guerra de los años 80 y 90. Sin embargo, en la coyuntura actual la ubicación de esas armas y su demanda  no es la misma. 

Salvo en circunstancias excepcionales, no hay una relación directa entre las armas de fuego de alto calibre y los homicidios ocurridos en la zona. La mayoría de los crímenes se producen con armas cortas. 

En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, el 63 por ciento de las pistolas incautadas entre 2008 y 2011 fueron las de 9mm y solamente se incautaron un 4 por ciento de los rifles de asalto. Lo que determina que el problema no son los rifles de asalto si no los revólveres.

Está por verse si esas medidas que anunció el presidente Obama van a surtir efecto en una región que se desangra todos los días por la violencia y el crimen organizado. Lo único que está claro es que no será una batalla fácil para el presidente estadounidense y que en el camino pueden pasar muchas cosas.
   
Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0. Es autor del blog: tropecientaspalabras.wordpress.com 
 

lunes, 5 de noviembre de 2012

EL EJÉRCITO PRIVADO DE CENTROAMÉRICA


 
Escribe Deylin Gutiérrez

Las empresas de seguridad privada que operan en Centroamérica son en algunas ocasiones parte del problema estructural de inseguridad que afecta a la región. Sus beneficios dependen en gran medida del grado de violencia que se presente en la zona o de la relación que exista entre sus propietarios con las fuerzas del orden.


Un informe de la Federación Panamericana de Seguridad Privada presentado recientemente indica que en la región hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en los países con mayor actividad delictiva.

Comúnmente se tiene la idea de que el auge de este tipo de empresas tiene una relación directamente proporcional con el aumento de la violencia en Centroamérica y por la incapacidad de las autoridades policiales para hacer frente al tema de la inseguridad, lo cual es cierto, pero no del todo.

También ha tenido que ver, la incursión a este tipo de negocios de algunos ex militares y ex policías, quienes han querido mantenerse activos valiéndose de sus relaciones y de la experiencia acumulada en su profesión.  

Un informe de la OEA –publicado en 2008- sobre la seguridad privada como respuesta  a la seguridad en zonas urbanas, refiere que en Honduras estas empresas surgieron en la década de los años ochenta dentro de la propia policía y de las fuerzas armadas.

Los empresarios recurrían a las autoridades militares para contratar los servicios de seguridad privada y eran éstos los que además les otorgaban los permisos de funcionamiento para crear esos negocios.

En El Salvador esas empresas surgieron después del conflicto armado de los años ochenta. 

A pesar de las prohibiciones legales, la Policía tiene un programa denominado Bolsa de Trabajo Policial, que es voluntario y al que pueden acogerse aquellos oficiales que tenga un buen expediente disciplinario y que demuestren problemas económicos. Los funcionarios se encargarán de la  vigilancia privada de los espectáculos y de los actos masivos.

En Guatemala, el país con mayor guardia de seguridad de la región, este tipo de negocios surgieron a principios de los años setenta y uno de los servicios que más ofrecían y lo siguen haciendo es, el de los antisecuestros. También ayudan a las víctimas que han sufrido algún tipo de extorsión. 

En ese país, el 75 por ciento de las empresas de seguridad privada están gestionadas por ex militares y el resto 25 por ciento por ex policías.   
 
En los últimos años, en la región se ha creado una economía poderosa relacionada con la inseguridad, tanto que hay más agentes de seguridad privada que miembros de las fuerzas públicas. 

En Guatemala, según el periódico hondureño Proceso, es donde hay más agentes privados que policías de toda la región. Para proteger a los casi 13 millones de guatemaltecos hay unos 120 mil guardias de seguridad privada frente a los casi 20 mil oficiales del orden. Esos datos ubican a ese país centroamericano en uno de los más desproporcionados de todo el continente. 

Pero hay también otras preocupaciones relacionada con estas empresas y es el tema de las regulaciones y de sus vínculos con actividades ilegales. En Honduras los guardias de seguridad privada se han visto involucrados en actos de violencia por un conflicto de tierras que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. 

Mientras en Costa Rica, una de cada cinco empresas de seguridad está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes y muchas de éstas tienen los papeles vencidos desde hace más de diez años.

Es innegable  que  con el crecimiento de estas empresas han aumentado también la percepción de seguridad en algunas zonas, pero en aquellas donde no las hay se corre el riesgo de que la gente quede excluida y gestione sus propios mecanismos de defensa.

Las condiciones de seguridad pública que deberían de ser garantizadas por el Estado, cada vez se ven mermadas por la participación de la empresa privada, en una clara competencia de atribuciones. Si la situación sigue así, es probable que eso de la seguridad sea un asunto privado como tantos otros servicios que hay en la región.

Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0.