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lunes, 6 de abril de 2015

UNA APROXIMACIÓN AL CONFLICTO BOLIVIANO – CHILENO POR UNA SALIDA SOBERANA AL OCÉANO PACÍFICO


 Escribe José Luís Mingo


Como consecuencia de la Guerra del Pacífico (18791883) y del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904 entre los dos países, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio y 400 Kilómetros de costa en el Océano Pacífico. 

 

Para Bolivia y para los bolivianos, la pérdida de su salida soberana al mar ha sido, durante todo el siglo XX y lo sigue siendo en la actualidad, la gran tragedia nacional a la que desde siempre han intentado poner remedio mediante un acuerdo con Chile para que este país ceda a Bolivia una salida al mar, es decir, que Bolivia tenga la soberanía de un espacio de litoral y un corredor terrestre que enlace ese litoral con su actual territorio.

El contencioso por la salida al mar es extremadamente complejo por razones múltiples de entre las cuales pueden ser especialmente relevantes las siguientes: El Tratado de 1904 es claro, el litoral que antes fue boliviano es hoy  chileno y Bolivia carece de legitimidad para cambiar lo que fue firmado; cualquier posible cambio en la soberanía sobre los territorios del norte de Chile en los que podría establecerse el litoral y el corredor boliviano, está sujeta a la aceptación de Perú, país también afectado por la pérdida de territorios en la Guerra del Pacífico, que tiene tratados internacionales con Chile que así lo confirman; la existencia del corredor con soberanía boliviana haría desaparecer la vecindad entre Chile y Perú y la comunicación directa entre ambas naciones e incluso alteraría las fronteras marítimas hoy existentes; y, por último, los ciudadanos del norte de Chile son chilenos desde hace más de un siglo y ni ellos ni el resto de sus compatriotas parecen dispuestos a que dejen de serlo ni a que vivan en un país extranjero. 

Y, para añadir dificultades a la  posible solución al conflicto, hay que añadir otro grave problema que no figura en ningún documento pero que subyace en cualquier posicionamiento: Las actitudes de desconfianza de los ciudadanos de ambos países que consideran no  fiables ni  a las autoridades ni a los ciudadanos del otro país, y que ven  imposible  llegar un  acuerdo que pueda cerrar  definitivamente el conflicto. 

Pues bien, en la continuada búsqueda de la salida al mar, en abril de 2013 Bolivia abrió un nuevo camino, una nueva vía: Planteó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile en la que solicita al Tribunal Internacional que se exija a Chile abrir negociaciones de buena fe para procurar espacio con soberanía en el litoral y en el corredor.

Y ahora, en el mes de mayo de 2015, ambos países han de presentar sus alegaciones ante ese Tribunal.

El tema preocupa profundamente a todos los bolivianos y también, no cabe duda, a las autoridades y al pueblo chileno.

Pero, ¿Qué argumentos tiene Bolivia para acudir al Tribunal Internacional si el Tratado de 1904 es claro y nadie puede exigir a Chile la renuncia a sus derechos?

Los juristas bolivianos han hecho un gran trabajo y han encontrado, además de posibles incumplimientos del Tratado de 1904,  una vía legal nueva y diferente a las usadas hasta el presente, para exigir a Chile la celebración de las negociaciones de buena fe para dar la salida al mar a Bolivia: No cuestionan el Tratado de 1904, trabajan a partir de la teoría de “los actos unilaterales de los  Estados” consistente en que las promesas de las más altas autoridades de un país (Jefes de Estado, Primeros Ministros o Ministros de Exteriores) a las autoridades del  otro país, e incluso sus declaraciones públicas sobre un tema, pueden crear la obligación para el Estado al que representan  de cumplir las promesas formuladas.

El planteamiento boliviano es acertado, hay múltiples promesas de mandatarios chilenos relacionadas con la negociación de la salida al mar de Bolivia, existen precedentes en la aplicación de la teoría en ámbitos jurídicos internacionales y, aunque desde el punto de vista jurídico no es relevante, pone de manifiesto ante la opinión pública internacional conductas poco éticas (prometer y no cumplir muchas veces)  por parte de los mandatarios chilenos a lo largo de un siglo.

Claro que, Chile tiene también, además de buenas  razones para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para juzgar el contencioso tiene tres argumentos, dos buenos y un tercero muy poderoso: El primero es que el Tratado de 1904 fijó la frontera entre Chile y Bolivia; el segundo es que  Bolivia tiene acceso al mar en virtud del Tratado de 1904; y el tercero, en contra de lo planteado por Bolivia en relación con los actos unilaterales de los Estados, es que, como sucede en todos los procesos de negociación, cualquier acuerdo parcial no genera obligación alguna hasta que se ha alcanzado, aprobado y ratificado el acuerdo global; y ello es así por cuanto atentaría contra el principio general de seguridad jurídica y haría imposible que hubiera ningún tipo de negociación compleja si los acuerdos parciales tuvieran validez sin que estos estuvieran incluidos y refrendados en el global de la negociación.

Para terminar este artículo en  Noticias Comentadas, decir que, como en todos los casos en que un asunto se somete a un tribunal de justicia, no es posible predecir el resultado del contencioso planteado por Bolivia contra Chile, pero lo que sí se puede afirmar con absoluta certeza es que tanto para Bolivia como para Chile, también para Perú y acaso para todos los países de América, encontrar el modo de sacar de su tragedia a Bolivia y al pueblo boliviano es un imperativo al que todos estamos obligados.


José Luís Mingo Zapatero (España) es profesor del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente es consultor de empresas.

miércoles, 16 de julio de 2014

SALARIOS

 Escribe Dianeth Pérez

En los Países Bajos existe la llamada “norma Balkenende”. El nombre viene del apellido del ex Ministro Presidente Jan Pieter Balkenende (2002 – 2010), y aunque desde 2006 era un instrumento “voluntario”, se hizo ley el 2013. Esta norma consiste en que ningún administrador público debe tener más ingresos que el 130 por ciento del salario del presidente.

La norma nació como resultado de crecientes protestas por los altos salarios y las jugosas indemnizaciones por despido de ciertos funcionarios. El 2013 el tope de ingresos por año fue de 228 mil 599 euros (poco más de 4 millones de pesos, igual a 333 mil 900 pesos por mes).
Recientemente, administradores de organismos de vivienda se han visto involucrados en escándalos por llevar a la quiebra a sus entidades y a cambio, llevarse bonos de cientos de miles de euros, pactados desde la firma de su contrato.

Desde hace un mes se afina la ley que entrará en vigor el año próximo para limitar también los bonos en bancos y aseguradoras. Éstos no podrán exceder del 20 por ciento del salario anual total. Una propuesta muy bien respaldada por la sociedad, pues mientras el gobierno rescataba a los bancos no hace mucho, los bonos seguían otorgándose. Los salarios de los banqueros subieron 5.8 por ciento en el 2013, mientras que el ingreso de los trabajadores holandeses aumentó solo 2 por ciento.

En otro caso, una organización que posee edificios de vivienda social (Vestia), que perdió billones de euros apostando en derivados financieros de riesgo, “premió” a su director con un bono de 3 millones y medio de euros tras su renuncia.

El gobierno enfrenta ahora una lucha contra la cultura de los bonos, tomando en cuenta que apenas ahora el país se empieza a recuperar de la crisis del 2008. Además los subsidios y ayudas sociales se han recortado, al igual que las pensiones.

Algo que llama la atención en Países Bajos es su afán por minimizar las diferencias sociales. En barrios ricos siempre hay viviendas destinadas a familias o personas de escasos recursos, para no crear guetos. Las escuelas privadas son contadas y la práctica privada de la medicina, no existe.

A los holandeses les asombra el contraste social y la desigualdad en México: los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Mientras tanto los salarios del presidente, altos funcionarios, ministros, magistrados y políticos son un insulto en un país donde el 40 por ciento viven en la pobreza y tienen muy pocas posibilidades de salir de ella.

Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.  

lunes, 12 de agosto de 2013

URUGUAY DA EL PASO EN CENTROAMÉRICA

Escribe Deylin Gutiérrez
 

El pequeño país suramericano, que cuenta con más de tres millones de habitantes ha conseguido lo que otros países llevan meses intentando. Uruguay ha aprobado un proyecto de ley para legalizar el consumo, la venta y la distribución de la marihuana. La propuesta de regulación fue ratificada con 50 votos a favor y 46 en contra, y permitirá al Estado uruguayo controlar el negocio del cannabis y dar  licencias a empresas para que la produzcan y la distribuyan.


Si el proyecto se aprueba definitivamente, ahora está en el Senado, Uruguay se convertiría en  el primer país del mundo que gestionará la producción y distribución de la marihuana para usos recreativos. La legislación de ese país, vigente desde 1974 permite el consumo, pero prohíbe la producción y el comercio de esa planta.

La medida adoptada por el país suramericano es un punto de inflexión importante en la lucha contra el narcotráfico y puede ser un modelo a seguir para varios países iberoamericanos que buscan desesperadamente alternativas para frenar la violencia en sus territorios.

El debate sobre la despenalización de las drogas se está imponiendo con fuerza en toda América y es la primera que un Estado del continente adopta una posición contraria a la política de Washington que fue el que diseñó, a principio de los años 70, los lineamientos para combatir el narcotráfico. 

Un presidente que no se ha vuelto viejo 

El presidente de Uruguay, José Mujica (78 años) defendió la legalización de la marihuana en su país con estos argumentos: la sociedad se ha vuelto vieja al no comprender que las drogas siempre han estado ahí, que no las ha inventado el Gobierno y que existe un mercado ilegal que habrá que controlar. 

“Yo soy antiguo y viejo… Nunca en mi vida probé un porro (cigarro de marihuana), pero me doy cuenta, me tengo que rejuvenecer las neuronas y darme cuenta, cuál es la vida de los muchachos” reconocía el mandatario hace unos días a la prensa. 

Mujica hizo una diferenciación entre la drogadicción y el narcotráfico. El primero  es un asunto de salud pública que el Estado está en la obligación de resolver y el segundo un problema derivado de esa ilegalidad, que ha esclavizado a miles de personas y que ahora pagan las consecuencias. 

El debate empezó en Guatemala 

Uruguay, Colombia y Guatemala, han sido los países iberoamericanos que han puesto en el debate público el tema de la despenalización de las drogas. Sin embargo, el primero que alzó la voz para hablar sobre ese fenómeno social fue el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

El mandatario guatemalteco propuso a la comunidad internacional que el problema de las drogas se abordará como un asunto de salud pública y como una alternativa para resolver el tema de la violencia en su país.

La región centroamericana que ha sufrido en los últimos años las consecuencias directas del narcotráfico es en la actualidad una de las zonas más violentas del mundo. 

La propuesta de Pérez Molina tuvo resonancia en todo el continente americano, sin embargo nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato, solamente obtuvo velados apoyos a su propuesta, pero sin ningún resultado concreto. 

La opinión de la OEA y la ONU 

La Organización de Estados Americanos (OEA) que hasta hace algunos meses mantuvo una posición timorata sobre el tema de la despenalización de las drogas en la región, avaló recientemente el debate sobre la regulación de la marihuana en Uruguay y consideró que es una “estrategia que vale la pena ensayar” para abordar la lucha contra el narcotráfico.

El organismo internacional reconoce que desde hace dos años hay una actitud más abierta para abordar un diálogo sobre las actuales políticas contra este problema social y que hay una disposición a “experimentar enfoques no tradicionales” sobre este tema.

A los que no les ha sentado bien la noticia sobre el control de la marihuana en Uruguay ha sido a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estos han advertido a las autoridades de ese país, que si ese proyecto se convierte en ley,  podría violar tratados internacionales de los que Uruguay es signatario.

Para la ONU la propuesta del país suramericano contravendrá los tratados internacionales sobre el control de las drogas e instó al Gobierno de ese país a cumplir con los acuerdos internacionales, los que limitan el uso de drogas con fines médicos y científicos. 

La marihuana y los Estados Unidos 

A pesar de que los Estados Unidos ha sido uno de los países que se ha opuesto a la legalización de las drogas en el continente, y por el contrario ha apostado por la política de acoso y derribo, como las que se vienen aplicando en México desde hace ya varios años, el consumo de la marihuana es legal en varios Estados.

El presidente Barack Obama, quien en un libro de memorias reconoció haber fumado marihuana cuando era joven, se refirió por vez primera sobre ese tema y dijo que no era prioridad para su Gobierno perseguir a los consumidores de esa droga, sobre todo en aquellos Estados en las que se había legalizado.

Y es que en los Estados Unidos hay 19 estados que han legalizado el consumo de marihuana. Los últimos  y los más polémicos han sido los de Colorado y Washington, pues se convirtieron en los primeros en legalizar el consumo de cannabis con fines de recreación. En los otros 17 Estados es legal para usos médicos y se habla de que otros podrían adoptar esta medida.

Está por verse, si la propuesta uruguaya acabará siendo un modelo a seguir para el resto de países del continente, que están sufriendo los efectos del narcotráfico, de momento, para bien o para mal, ya se dado el paso, aunque el camino sea largo y tortuoso, creo que van en la dirección correcta. 

Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0. Es autor del blog: tropecientaspalabras.wordpress.com 

lunes, 24 de junio de 2013

EL SUEÑO CHINO QUE DESEMBARCARÁ EN NICARAGUA



Escribe Deylin Gutiérrez

Ni la fumarola del volcán Momotombo en Managua, plasmada en un sello postal hace muchos años y una de las pruebas de peso para que los senadores estadounidenses rechazaran la idea del canal por Nicaragua, ni los movimientos sísmicos que han sacudido al país en los últimos días, han sido suficientes para parar lo que al parecer será la obra más importante de infraestructura de la historia nicaragüense.


El jueves 13 de junio, el parlamento de ese país centroamericano (6.071.045 habitantes), controlado por el partido oficialista Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega, otorgó a un empresario chino la concesión para la construcción de esa obra que partirá en dos al país.

La concesión establecida en la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte nicaragüense atinente al canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, le fue otorgada a la compañía china NK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd., cuyo propietario es el joven empresario Wang Jing.

El proyecto fue concedido a los chinos por 50 años, prorrogable por otros 50 de acuerdo a la voluntad del ejecutivo, y está valorado en 40 mil millones de dólares. En la primera etapa se contempla la elaboración de un estudio de factibilidad o viabilidad que determinará entre otras cosas, la ruta por donde se construirá el canal.

La mega obra, que podría sacar a Nicaragua de la pobreza en los próximos 15 años, incluye la ejecución de varios proyectos como un canal tradicional para naves y dos puertos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico. Además, se pretende construir un oleoducto, una vía férrea para el transporte de cargas, que una las dos costas, dos zonas de libre comercio y un aeropuerto internacional.


La disconformidad de los empresarios

A los empresarios nicaragüenses aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes han sido uno de los principales aliados estratégicos del Gobierno de Ortega, no les ha gustado mucho la idea de que no se les haya tomado en cuenta en el proyecto.

El presidente del empresariado nicaragüense, José Adán Aguerri, dijo que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad parcial contra la Ley del Canal, porque según estos la normativa viola varios artículos de la constitución. A ellos, les preocupan los procedimientos en las expropiaciones y la violación de la autonomía jurídica, técnica y administrativa del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El acuerdo con el empresario chino contempla que el Estado nicaragüense renunciará a su derecho de inmunidad soberana y aceptará responder con sus bienes, incluidas las reservas depositadas en el BCN, ante un eventual juicio en el que resultase perdedor.


Los asesores ambientalistas están preocupados

El proyecto del canal ha generado preocupación también entre los ambientalistas nicaragüenses y centroamericanos porque consideran que la construcción de ese proyecto provocará una catástrofe ecológica, destruirá numerosos ecosistemas y pondrá en riesgo el abastecimiento de agua potable.


Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para temas ambientales y una de las voces más respetadas para hablar del medio ambiente en la nación, advirtió que si el canal pasa por el Gran Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca (de 8 mil kilómetros cuadrados y el más grande de Centroamérica) tal y como está previsto en las distintas rutas que se han establecido antiguamente, este correría peligro debido al cambio climático y a las debilidades en las cuencas del lago.

En esa misma línea se ha manifestado la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, que agrupa a 20 organizaciones ambientales, cuando afirman que con la concesión, la compañía de Hong Kong recibirá el derecho de "extender, expandir, dragar o reducir cuerpos de aguas y recursos sujetos a protección y conservación".


Esperando el sueño del canal

Aunque la construcción del canal interoceánico en Nicaragua ha despertado una fiebre canalera en los otros países de la región centroamericana, la ruta por suelo nicaragüense ha estado señalada desde hace algunos siglos por los exploradores y por los gobiernos.

En 1524, el conquistador español Hernán Cortés le escribió a Calos I de España y V de Alemania. En la carta le habló del Río San Juan de Nicaragua, ese que nace en el Lago Cocibolca y que desemboca en el Mar Caribe, y le escribió: "El que posea el paso entre los dos océanos podrá considerarse dueño del mundo".

Muchos años después, el empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt aprovechó la "Fiebre del Oro de California" y abrió una ruta por Nicaragua para transportar mercancías desde New York hasta San Francisco. Esa ruta, que inicialmente se hacía por lo que hoy es el Canal de Panamá, le ahorraba al empresario el 50 por ciento del valor del viaje y le acortaba casi mil kilómetros de distancia.

Pero, la primera vez que Nicaragua estuvo más cerca de tener un canal, fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los franceses estaban interesados en construir uno en Centroamérica, tenían la experiencia necesaria pues venían de construir el de Suez y pretendían repetir la obra en Panamá. Hicieron los estudios necesarios, pero por intereses políticos, fracasaron a pesar de que habían avanzado en las obras.

Fue en ese momento que los Estados Unidos, los que inicialmente apoyaban la idea de construir el canal en Nicaragua, apostaron por Panamá, no sin antes asegurarse de que Nicaragua no construiría otro para no hacerle la competencia. El 15 de agosto de 1914, fue inaugurado el Canal de Panamá. Ese día no fue tan agradable para los nicaragüenses, sobre todo porque veían escapar uno de sus sueños. 

Después de varios años, intentaron superar aquella derrota, y se inventaron varios estudios de factibilidad o viabilidad que no llegaron a buen puerto porque Estados Unidos nunca quiso despertarlos de aquel sueño canalero. Los que sí lo hicieron fueron los chinos, o eso es lo que parece. 

Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0. Es autor del blog: tropecientaspalabras.wordpress.com